EPN perjudicó a comunidades indígenas en Puebla con mineras e hidroeléctricas

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Con Enrique Peña Nieto se favoreció la instalación de mineras e hidroeléctricas internacionales –Deselec 1 y Almaden Minerals— con las que se vulneró los derechos humanos de comunidades indígenas de Puebla, pese a que se opusieron a los proyectos por falta de consulta.

El Centro de Análisis e Investigación Fundar presentó su balance del sexenio titulado “Fue un mal año. No, menos, como seis”, en alusión a una confusión del mandatario durante un vuelo hacia Oaxaca en 2017, cuyo error se hizo viral y se convirtió en material para infinidad de memes.

A días de que concluya el mandato de Peña Nieto, la organización señaló cuatro de los fracasos del priista, entre ellos el combate a la corrupción, derechos humanos, reducción de la pobreza y una reforma energética que vulneró a los pueblos indígenas.

Casos Deselec 1 y Almaden Minerals

En este último tema se mencionó el caso de comunidades del pueblo Tutanaku contra el proyecto hidroeléctrico Puebla 1, se relató cómo “el gobierno mexicano otorgó a la empresa británica Deselec 1 la autorización para afectar el río Ajajalpan, que forma parte del territorio de este pueblo sin considerar el derecho a la tierra, a la autonomía, ni los derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano.

Desde el 2009 y hasta el 2014 varias instancias del Estado mexicano otorgaron permisos a la empresa señalada, durante este periodo, las comunidades originarias que habitan dentro del área del proyecto y en sus alrededores no recibieron ninguna información previa al otorgamiento de los permisos.

Por su parte, la Secretaría de Economía (SE) emitió dos concesiones mineras, Cerro Grande 1 y 2 a favor de una empresa filial de la minera canadiense Almaden Minerals. Dentro de la superficie que fue concesionada se ubican varios núcleos agrarios, una de ellas es la comunidad indígena nahua y ejido de Tecoltemi en el municipio de Ixtacamaxtitlán, estado de Puebla.

Qué significó la reforma energética

El Estado mexicano se justificó ante el juzgado federal correspondiente con algunas afirmaciones carentes de argumentación jurídica sólida, para defender la concesión otorgada a la empresa canadiense.

La reforma energética fue, para Fundar, una modificación al marco legal para seguir fomentando la priorización de la explotación de petróleo y gas de empresas privadas por encima de cualquier otra en los territorios. Lo anterior ha obstaculizado el cumplimiento de las obligaciones que México ha contraído en materia de cambio climático, de sustentabilidad y de derechos humanos.

Puntualizó que los cambios normativos en materia energética, en los sectores minero y de salud, obedecen a lógicas de financiamiento y apertura a la inversión privada, lo que ha derivado en una proliferación indiscriminada de grandes planes y proyectos de desarrollo, que impactan y amenazan gravemente los territorios y las formas de vida de las comunidades.

Fuente: https://www.angulo7.com.mx/2018/11/28/epn-perjudico-a-comunidades-indigenas-en-puebla-con-mineras-e-hidroelectricas/